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LAS SOCIEDADES CIVILES PRIVADAS, COMO LES AFECTA LA REFORMA FISCAL DE 2015

Desde que se puso en marcha La reforma fiscal de 2015, que modifica los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, se anunció que las sociedades civiles privadas, pasarían a tributar por el Impuesto de Sociedades, a partir del 1 de enero de 2016. Este hecho, tal y como hemos ido comentando en artículos y conferencias anteriores, ha provocado durante este último año diversas opiniones de expertos, así como también varias consultas a la Dirección General de Tributos, al tiempo que ha forzado a los socios de estas sociedades civiles a plantearse la necesidad de disolverlas, o cuando menos, de transformarlas en alguna otra figura de sociedad mercantil, como puede ser una sociedad limitada o incluso también una sociedad cooperativa.

¿Qué es una Sociedad Civil?

Una Sociedad Civil particular ha sido una forma de organizarse para muchos autónomos y profesionales con la intención de compartir recursos (bienes, dinero y sobre todo trabajo) para desarrollar actividades de comercio, industria o prestación de servicios. Sus obligaciones formales eran las mismas que se exigen actualmente al empresario o profesional individual, y de entrada no tan complejas como las que son exigibles a las sociedades mercantiles, sobre todo por la obtención de estas últimas de llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio. Las sociedades civiles podían tributar, hasta finales del año pasado, por IRPF, concretamente por el concepto de atribución de rentas y no por el importe de sociedades, y eso fue en muchos casos, una gran ventaja. Por otro lado, también hay que decir que existía una parte menos agradecida, y nos referimos al tema de la responsabilidad, que no era limitada, y por lo tanto los socios tenían que responder personalmente con su patrimonio de todas aquellas posibles deudas que generase esta sociedad.

¿Cómo les afecta el cambio?

De entrada es importante comentar que la reforma a la que hacemos referencia afecta a las sociedades civiles con objeto mercantil. Según la doctrina administrativa se entiende que hay objeto mercantil, cuando se realiza una actividad económica de manera continuada, estable y con ánimo de lucro, excluyendo de esta definición las actividades agrícolas, ganaderas, mineras y forestales, así como las actividades profesionales. Este es un matiz importante en el sector del odonto- estomatología, ya que la mayoría de sociedades civiles constituidas en la profesión, posiblemente no tendrán un objeto mercantil, si no profesional, si bien es cierto que también hay muchas que por las circunstancias que se daban en el momento de su constitución no se podrán considerar profesionales y por tanto, como decíamos, si no quieren pasar a tributar por impuesto de sociedades, deberán adaptarse a la ley de sociedades profesionales o disolverse.

1. Sociedades civiles con objeto mercantil

Aquellas sociedades civiles que tengan pues objeto mercantil se ven obligadas a tributar, a partir del ejercicio 2016, por Impuesto de Sociedades. Para llevar a cabo este cambio se ha establecido un régimen transitorio que permite que la sociedad 1) o bien pueda tomar el acuerdo de disolverse y liquidar sus activos en el plazo de los seis primeros meses de 2016, sin costes fiscales por la disolución, o bien 2) si la idea de los socios es la de continuidad, éstos podrán tomar el acuerdo, tal como decíamos al principio, de transformarse en cualquier forma de sociedad mercantil.

2. Sociedades civiles con objeto profesional

Si hablamos de aquellas sociedades civiles particulares que estén haciendo una actividad profesional, como puede ser la odontología o la estomatología, de momento no les afectaría la reforma que estamos analizando, por tratarse de actividades precisamente profesionales. De todas maneras se deberá estar muy alerta y analizar bien cada caso, pues según varias consultas efectuadas a la DGT, de momento sólo se considerará que el objeto de una sociedad civil es profesional cuando sus estatutos estén debidamente adaptados a la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, con los requisitos que la misma exige, y donde los más destacables son los siguientes:

  • Que los socios profesionales deben reunir los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad profesional que constituya el objeto social de la entidades y que éstos estén debidamente colegiados.
  • Que como mínimo, la mayoría del capital y de los derechos de voto, o la mayoría del patrimonio social y del número de socios, pertenezcan a socios profesionales.
  • Y que como mínimo la mitad más uno de los miembros de los órganos de administración de la sociedad, sean profesionales. Si el órgano de administración fuera unipersonal, o si existieran consejeros delegados, dichas funciones deberán ser desarrolladas necesariamente por un socio profesional.

    Por lo tanto, en este sentido nuestra recomendación es la de revisar qué dicen los estatutos de la sociedad para valorar si se cumplen o no, y tomar la decisión más adecuada en cada caso.

    Es necesario igualmente reiterar que así como las sociedades civiles con objeto mercantil ya han quedado excluidas de tributar por IRPF, las sociedades civiles con objeto profesional podrían dejar de hacerlo también algún día, sobre todo debido a los cambios constantes que cada vez más, se producen en materia fiscal.

    Siendo conscientes de que pueden surgir dudas adicionales a las que hemos intentado aclarar en estas líneas, nos ponemos a vuestra disposición desde AGS servicio COEC, en la 4ª planta del Colegio.

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